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El Superior Tribunal de Justicia suspendió por 30 días al Juez Toquier 09/08/2018

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El juez comodorense había sido protagonista de una disputa de competencia en el concurso de acreedores de Oil Combustibles. Había superado su situación en el Consejo de la Magistratura. Ahora el máximo tribunal provincial lo sancionó con una suspensión de 30 días que es la mayor pena que le puede aplicar.

La Superintendencia Administrativa del Superior Tribunal de Justicia suspendió por el término de 30 días a Gustavo Toquier, juez del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución Nº 1 de Comodoro Rivadavia. Había sido denunciado por la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) y la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ), por una disputa de competencia por el concurso de acreedores de la empresa Oil Combustibles.

Ambos organismos sostenían que el concurso debía tramitarse en un juzgado comercial de Buenos Aires, al considerar que Oil Combustibles, del empresario comodorense Cristóbal López, tenía registrado su domicilio legal y social en Capital Federal (Ver el documento del STJ)

Las denuncias fueron admitidas por el Consejo de la Magistratura pero, en febrero de 2017, el organismo llegó a la conclusión de que no existían elementos como para avanzar con el juicio político y dio traslado del caso al Superior Tribunal de Justicia para que evaluara la posibilidad de aplicarle al magistrado una sanción administrativa.

En su resolución, la Superintendencia aclaró que solo tiene incumbencia para analizar la cuestión administrativa, ya que la decisión de cesantear o separar de su cargo a un juez es facultad exclusiva del Consejo de la Magistratura. La sanción impuesta a Toquier es la máxima sanción administrativa que el STJ puede aplicar a un juez.

LOS MOTIVOS

La Superintendencia consideró que el magistrado desoyó la medida cautelar de no innovar dictada por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo nº 2 de la Capital Federal. La misma disponía que Oil Combustibles se abstuviera de realizar cualquier acto que implique su escisión del Grupo Indalo y/o la afectación del crédito fiscal que la primera mantenía con el

Fisco Nacional en concepto de impuestos sobre la transferencia de combustibles. Desoyendo esa resolución, el 08 de abril de 2016, Toquier dictó la apertura del concurso de Oil Combustibles SA, argumentando que la empresa había iniciado el trámite de inscripción para mutar su domicilio a Comodoro Rivadavia.
El 3 de mayo de 2016 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 4, Secretaría Nº 8 a cargo del Dr. Héctor

Vitale hizo lugar a la inhibitoria planteada por la AFIP y con fecha 5 de mayo de 2016 se lo comunicó al juez Toquier.
La Superintendencia indicó que el juez debió pronunciarse aceptando o no la inhibición, y de haber decidido por esto último, debió remitir los actuados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con fecha 23 de agosto de 2016, la Corte Suprema dispuso suspender el trámite del proceso concursal, solicitando al Juzgado de Comodoro Rivadavia, la inmediata remisión de los originales de todas las actuaciones.

Luego, la Corte Nacional declaró la competencia de la Justicia Nacional Comercial y con fecha 15 de noviembre de 2017 dispuso decretar la nulidad de la sentencia de apertura del concurso de la empresa dictada por el juez Toquier.
Para la Superintendencia, el accionar del juez constituye una flagrante violación al principio de celeridad procesal. Argumentó que estaba en juego el patrimonio del Estado Nacional, en un monto varias veces millonario. Sin embargo el juez Toquier, desatendiendo la norma procesal que le obligaba a remitir la causa al Tribunal Superior, hizo caso omiso de ello, sin evaluar las consecuencias que ello podía acarrear al Fisco Nacional.

No consideró, ni los fundamentos del Juez Federal a la hora de dictar la medida cautelar, ni su contenido, ni los argumentos tenidos en cuenta por el Juez Nacional en lo Comercial para, por lo menos, evaluar la posibilidad de ser Juez incompetente para entender en el proceso concursal.

Con su conducta, expresó la Superintendencia, comprometió su imparcialidad y la de todo el Poder Judicial provincial, provocó un escándalo jurídico entre jurisdicciones, opacó la imagen del sistema judicial provincial y violó los deberes de eficiencia, probidad, diligencia, responsabilidad, imparcialidad, objetividad, buena fe y lealtad procesal.
Concluyeron que todo ello «constituye un hecho de gravedad tal que este Superior Tribunal no puede tolerar».