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Los de ahora, los de antes...los de siempre 08/07/2018

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Crecen los temores de que la investigación se profundice. Que el gobierno de Buzzi también ingrese en el club de los cuestionados. Este parecería ser el diagnóstico de más de un integrante de la clase gobernante chubutense. Gobernantes que no distinguen de partidos políticos y empresarios con fuertes vinculaciones con el poder.

“Nuevos emprendedores” que en las últimas décadas han conformado o adquirido empresas -fundamentalmente constructoras- para que ese tipo de relacionamiento encuentre la adecuada lubricación y así, sostener un prolijo conjunto de engranajes que se anclan en la política y en los negocios con el estado.

El ejemplo más claro de este tipo de uniones que han dominado la escena, por lo menos de la última administración Das Neves, son las investigaciones judiciales que encabezan los fiscales anticorrupción conocida popularmente como “El Embrujo” y “Revelación”.

Trelew. Muchas empresas para tan poca obra

Tal vez, uno de los datos más elocuentes de éstas dinámicas asociaciones sea la cantidad de empresas de la construcción que se encuentran bajo los registros de la cámara que representa a ese rubro. Por ejemplo en Comodoro Rivadavia, las compañías adheridas a la Cámara de la Construcción no superan la decena, cuando ese mismo registro en la ciudad de Trelew alcanza casi a un numero de 40 empresas.

Extraño dato este último que da cuenta del semillero empresarial en el que se ha constituido la Cámara de la Construcción de la Ciudad de Trelew y zonas adyacentes que pareciera tener más empresas que obras en marcha.

Lo cierto es que más allá de las interpretaciones que le podamos imprimir a la cuestión, que pueden ser tantas como miradas tengamos sobre el tema; el otro dato que también exige una observación más atenta es el que refiere puntualmente a los propietarios de esos nuevos núcleos empresariales. 

De funcionarios a prósperos empresarios

Claramente no involucra todas la empresas, pero nunca dejó de llamar la atención el hecho de la constitución de empresas constructoras cuyos propietarios fueron, pasaron o estuvieron demasiado cerca de funcionarios públicos. 

Dos ejemplos claros pueden rescatarse de estos encuadramientos. Uno, el de la empresa Sudelco S.A. en donde dos de sus tres accionistas fueron funcionarios y/o asesores cercanos a gobiernos de extracción justicialista. Ellos son Patricio Musante (ex Nº 2 de Vialidad Provincial) y Walter Garcia Moreno con un amplísimo curriculum vitae que incluye cargos de asesor, síndico, asesor legal y otras yerbas de organismos públicos, reparticiones estatales o empresas en donde el estado tiene una participación accionaria.

El otro caso -hoy caído en el olvido- es el de los hermanos Iralde quienes con José Carlos a la cabeza de la empresa Cocinar S.A. (empresa ya desaparecida por lo menos en lo que a obra pública respecta), fueron  cercanos a la obra pública en tiempos de administraciones radicales. Rolando Iralde inclusive, ocupó el cargo de diputado provincial.

Conflicto de intereses. ¿Desconocido adrede?

Nada ilegal, por cierto. Pero pareciera ser que el concepto definido como “conflicto de intereses” nunca fue, ni es, materia de análisis para las distintas administraciones que gobernaron la Provincia del Chubut. Tampoco lo es para la actual administración del Presidente Macri. No hay distingo -a la hora de actuar- entre oficialistas y opositores más allá del partido político al que pertenezcan.

La relación entre los tomadores de decisiones (funcionarios públicos) y los beneficiarios de esas decisiones (empresarios amigos o parientes del funcionario) es tan estrecha que conviven en un universo que por momentos es idéntico o el mismo. Ambas partes son, en realidad, una sola. Se retroalimentan a lo largo de los años conformando un circulo vicioso en donde decisión política, el beneficio empresario y la impunidad jurídica son la tesis, antítesis y síntesis de un espiral dialéctico que ha sumido a la provincia en una de sus peores crisis.

Como dijimos, nada ilegal. Pero sí ilegítimo

En cuestiones del ejercicio del gobierno sano o virtuoso, tanto la legalidad como la legitimidad son conceptos que transitan de manera conjunta y paralela. La legalidad es para un gobierno una condición necesaria pero no suficiente. No hay posibilidades materiales de alcanzar respaldo popular a las decisiones que adopte un gobierno apoyando su accionar únicamente en el concepto de la legalidad.

El manejo de la cosa púbica, en particular de los fondos o recursos públicos, no puede ejercerse solo de forma legal. Ese dominio también debe contar con el apoyo o consensos suficientes para que las decisiones puedan sostenerse en el tiempo. Así, la legitimidad, completa al concepto de legalidad. Decisiones adoptadas conforme lo estable la ley y con los consensos necesarios para su sostenimiento en el tiempo es la base para el funcionamiento del pacto celebrado en cada elección entre gobernantes y gobernados. Una aclaración que es importante: el apoyo o los consensos alcanzados por un gobierno determinado no solo debe hallarse en la clase dirigente tanto oficial como opositora. Esos consensos también deben fundarse en la sociedad civil que es quien, finalmente, acompañará o no con su voto cada propuesta de la sociedad política en general y de su gobierno en particular.

El conflicto de intereses induce a un choque entre ambos conceptos. Puede ser legal que desde el estado se contrate a una empresa cuyo propietarios/s pueden ser parientes, amigos o socios del funcionario que licita. Lo que nunca adquirará ese acto es la condición de legítimo. Nadie acuerda o presta consenso cuando un funcionario contrata la empresa de un pariente, amigo o socio. Y peor aún cuando esa metodología se prolonga en el tiempo. La democracia que tracciona su dinámica en las dos patas mencionadas, legalidad y legitimidad; finalmente queda renga.

La causa parece extenderse

Las declaraciones formuladas por el Fiscal Héctor Iturrioz la pasada semana en una radio valletana confirmaron lo expuesto en esta misma columna hace semana atrás: “el cambio del objeto procesal”. El investigador sostuvo que “ante el volumen que va cobrando la causa (Revelación) y para que pueda seguir siendo abordable , no se descarta la apertura de nuevas causas” Y agregó: “puede haber muchos más, lo cierto es que nosotros fijamos un límite temporal por la capacidad del Ministerio Público Fiscal (MPF) para investigar y ese límite temporal ha sido franqueado por los hechos”.

Vale recordar que el pasado 18 de Junio el empresario Esteban Torraca solicitó prestar declaración. En su testimonio sostuvo que la situación de colapso financiero de su empresa comenzó durante la Administración del ex gobernador Martín Buzzi. “Durante el final de su gestión -afirmó Torraca- nos obligaron a descontar los certificados de obra en el Banco Chubut…y la cosa se puso peor, cuando en 2017, el banco decidió cancelar ese mecanismo de descuento de certificados” Así los empresarios -de la noche a la mañana- tuvieron -los que pudieron- respaldar con bienes personales los gigantescos descubiertos en cuenta corriente.

En esa misma audiencia, el fiscal Iturrioz preguntó a Torraca lo que parecería ser, ahora, el norte de la investigación: “éste hecho investigado (las coimas) ¿se repitió de manera similar o parecida durante el gobierno de Buzzi o a nivel municipal? 

Esta fue la pregunta clave que llevaría al MPF a modificar el objeto procesal de la investigación. Lo expresado por Iturrioz deja claro que irán para atrás en la investigación, es decir, hacia tiempos en los que Martín Buzzi fue gobernador.

El dato alertó y ocupó a unos cuantos

El pasado viernes 6 se presentaron en la causa Revelación y en calidad de querellantes, los diputados provinciales Blas Mesa Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla. Ya lo habían hecho bajo la misma condición en la denominada causa “El Embrujo”. Llamativamente no lo habían hecho en ésta, “Revelación”, cuando es la que determinará la existencia, o no, de un esquema de asociación ilícita entre funcionarios y empresarios para robarle al estado.


Preguntas. Por ahora, dos: ¿por qué los diputados provinciales se presentaron como querellantes ahora y no antes? y ¿qué motivos los llevó a tomar esa decisión?

No es desconocido para nadie el hecho de que Blas Mesa Evans y Gabriela Dufour fueron importantes funcionarios del gobierno de Martín Buzzi. Fiscal de Estado uno y Ministro de Economía la otra, claramente han sostenido vínculos con la obra pública por cuestiones inherentes a la función que desempeñaron.

El hecho de que se constituyan en querellantes, lo que les permite acceder a la causa, lo hacen para: una pregunta más: como víctimas ¿buscaran ayudar  o contribuir con los investigadores con el aporte de nuevas pruebas a los fines de probar el objeto de la investigación o para conocer de primera mano si sus acciones desarrolladas como funcionarios en la época de Buzzi pueden o no ser objeto de investigación también?


¿Y el resto de las empresas de la Lista de Correa?

Lo que resta también dilucidar es que sucederá con los empresarios que también forman parte de la “Lista de Correa” y que hasta el momento han sido solo objeto de allanamiento. Es llamativo que para los fiscales unos tengan que estar presos y los otros solo atentos. La “Lista de Correa” fue dada como prueba válida por parte del Juez Sergio Piñera y en ella consta claramente los nombre con fechas y montos de empresarios que hicieron sus “aportes desinteresados” a la causa en efectivo y con cheques. El Ministerio Público Fiscal tiene ante sí la responsabilidad no menor de anclar o desanclar a todos los responsables de los pagos realizados a Correa y Luther.

Estan totalmente probados los pagos efectuados por empresarios de la construcción (hoy en libertad) que aguardan nerviosos los pasos de los fiscales. Algunos ya han contratado estudios de abogados porteños más acostumbrados a lidiar con este tipo de delitos. Con más experiencia. Otros mastican, por ahora, el amargo sabor que les deja la duda de no saber si mañana pueden engrosar la lista de detenidos. Y de esta insalubre ingesta, participan representantes de la política y de las empresas de ahora, de antes... de siempre.

Por Sergio Cavicchioli