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¿Por qué no tenemos agua y por qué seguiremos sin un adecuado servicio? 06/01/2018

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A esta altura del año podemos imaginar cuál es la pregunta que ocupa la mayor porción de atención de la conciencia colectiva. En cada encuentro familiar, de amigos, institucional o gubernamental el interrogante vuelve a aparecer una y otra vez. La respuestas que se ensayasan pueden o no ir al fondo de la cuestión, pero lo cierto es que generalmente no aceptamos darnos una respuesta responsable.

Es casi habitual escuchar como se echan o acreditan la culpa o la responsabilidad unos a otros o a terceros involucrados que, es muy probable, tengan un nivel o porcentaje de responsabilidad que nadie niega; pero que la cuestión que nos ocupa excede largamente cada una de esas responsabilidades y más aún alcanzar una respuesta acabada o suficiente.

Falta de protección catódica

La primera respuesta a la pregunta por qué no tenemos agua es: la falta de la instalación sobre el acueducto nuevo de la denominada “protección catódica”. Este argumento refiere a una técnica para controlar a una superficie de metal y así reducir su estado de oxidación. El método más sencillo de aplicar la protección catódica es mediante la conexión del metal a proteger con otro metal más fácilmente corroible. Los sistemas de protección catódica son los que se usan más comúnmente para proteger al acero de la tuberías y tanques de almacenamiento, barcos o plataformas petroleras del agua o del combustible líquido.

Este razonamiento ya es conocido. Las roturas de nuevo caño son sistemáticas al momento de inyectarle potencia al bombeo de agua. Esta potencia generada por motores a explosión presiona sobre el acero con el que se construyen las cañerías y éstas sin protección, se rompen. Porque se encuentran oxidadas. Y lo seguirán estando.

La colocación de la mencionada protección catódica es el responsabilidad el gobierno provincial luego del acuerdo firmado por la Administración que encabezo Martín Bussi. Ni Bussi, ni Das Neves y ahora mucho menos Arcioni, destinaron fondo alguno para sostener dicho mantenimiento. Con lo cual, el nuevo acueducto seguirá operativo siempre y cuando sus materiales constitutivos así lo permitan. La mano del hombre y sus procesos nunca agregaron valor para el sostenimiento y mantenimiento de la obra cuyo costo fue de U$S 100 millones que Nación financió en un 60%, la Provincia del Chubut participó con el 30% y Santa Cruz con el 10%.

La solución que los ingenieros de la SCPL ensayan por estas horas es llenar la cañería por gravedad (sin aplicar potencia) para que ese relleno no vuelva a colapsar la conexión. Esperemos que de resultado positivo.

CPC desapareció

La forma que se diseñó para salvar esta situación es cambiar los caños de metal y cemento por conductos de plástico cuyo mantenimiento no exige tanto mantenimiento. Esa tarea llamada “repotanciación” ocupa el tramo de obra que va desde el Lago Musters hasta Cerro Negro que es una de la zonas más críticas por lo elevado del relieve que el agua transportada debe superar.

Una vez finalizado el Gobierno K, el Gobierno M (Mauricio Macri) mantuvo la adjudicación de dicha obra a la empresa cuyo propietario es el encarcelado Cristóbal López. Durante 2016 y 2017 la empresa argumentó que el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), es decir el gobierno nacional, adeudaba certificados de obra y que por esa razón la misma no avanzaba al ritmo previsto. Lo cierto es que nada esto fue verdad. CPC fue denunciada por Laura Alonso Titular de la Oficina Anticorrupción por sobre precios en esta obra y en otras tantas como el aterrazamiento del Cerro Chenque, las dobles trochas entre Trelew y Puerto Madryn y entre Caleta Olivia y Rada Tilly.

En diciembre pasado Lopez y De Souza fueron detenidos y con anterioridad sus bienes inhibidos con lo cual, en la práctica, CPC, y otras 170 empresas más, no sólo no avanzó con la obra de repotenciación por falta de fondos, sino que tampoco puede disponer de sus bienes para que sean operados por otras estructuras empresariales o por otros dueños.

Así las cosas, CPC no solo no se encuentra operativa sin ningún responsable en su conducción, sino que adeuda 5 quincenas consecutivas a los más 100 trabajadores que no encontraron una mejor forma de hacer escuchar su voz con piquetes o cortes de ruta en Sarmiento y en Comodoro Rivadavia.

Faltan 30 millones. No es mucho, pero…

Entre las alternativas que se escucharon en estos días se encuentra la posibilidad de que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia haga un aporte cercano a los 10 millones (número más, número menos) siempre y cuando Provincia haga lo propio y el Gobierno Nacional otro tanto.
CPC tiene bajo su control casi la totalidad de materiales con lo cual solo restaría abonar la mano de obra y otras yerbas para terminar una obra cuyo monto para finalizar la misma sería cercana a los 30 millones de pesos. El problema es que CPC tampoco puede disponer de dichos materiales dada la inhibición judicial. Lo que falta no solo son fondos. Falta gestión.

Aumentar la tarifa

Ésta es la otra propuesta que se bajara. Que el Gobierno de la Provincia permita el aumento de la tarifa eléctrica y así la obra se terminara de financiar como ocurre habitualmente: con aumento sobre los hombros de los usuarios. Aumento -dicho sea de paso- que deberían acompañar los municipios y concejos deliberantes de cada ciudad, actitud ésta bastante remota por ahora.

Lo grave del caso es que aplicando financiamiento con aportes municipales, provinciales o nacionales o, con aumento de tarifa, la obra la volveríamos a pagar los usuarios de las cuatro ciudades: Sarmiento, Cro. Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia. Aporte éste que debería abonar la provincia bajo el concepto de mantenimiento que nunca ejerció y mucho menos pagó.


La SCPL es la única que se hizo cargo

Los cooperativistas provinciales viven uno de sus peores momentos en toda su historia. Claramente se encuentran en medio de pelea de la que ellos mismos son ajenos. De un lado el gremio de Luz y Fuerza con Héctor González a la cabeza y del otro Sergio Mammarelli ex asesor laboral de la entidad y hoy Jefe de Gabinete de Mariano Arcioni.

Entre ambos mantienen una pelea sin descanso que tiene varios y antiguos orígenes. Se rumorea que hay faltante de fondos en el gremio y todos se miran entre sí sin argumentar palabra alguna. A ojos de González. Mammarelli lo traicionó y además es hoy quien desconoce el mismo Convenio Colectivo de Trabajo que él mismo, en calidad de asesor laboral, construyó. En diciembre Mammarelli anunció que el Gobierno Provincial dejaría de pagar aportes a las cooperativas pequeñas de interior provincial que no se pueden autofinanciar y esto puso los pelos de punta a Gonzáles que sabe que si las cooperativas pequeñas no reciben esos fondos, es casi probable que las mismas terminen despidiendo gente, es decir afiliados.
Ni lerdo ni perezoso González respondió con un anunció de paros progresivos a partir de éste mes de enero. La Provincia le dictó la conciliación obligatoria -raro, sin paro efectivo, sólo ante la amenaza- y el jueves 11 de enero se verán las caras el uno y el otro en el primero de los encuentros de la conciliación obligatoria.


Otra traba. La pelea entre González y Mammarelli

Lo llamativo del caso es que Mammarelli concurriría al encuentro con una novedad. La provincia buscaría representar a todas las cooperativas en el conflicto utilizando un argumento un poco estirado, flojito de papeles, diría yo.

Invocaría la ley 1098 que refiere al Fondo de Asistencia a Cooperativas que no logran autofinanciarse. Ese fondo se integra con aportes que pagamos todos los usuarios de grandes cooperativas y que administra el mismo Gobierno Provincial. Así, las distintas administraciones provinciales han destinado ese “ahorro” -que pagamos todos- a las cooperativas que, por su tamaño, son deficitarias. Con ese argumento, Mammarelli buscará enfrentar a González, por un lado, y por el otro, también anunció que se encuentra bajo análisis la posibilidad de que una empresa privada se haga cargo de la prestación del servicio eléctrico en esas localidades escasas en cantidad de habitantes. La pregunta que muchos se hacen por estas horas es: ¿quién o quienes serán los dueños de dicha empresa?

La visita de Macri y el maquillaje del banquero

El cierre de la semana encontró protagonizando la noticia al mismo Presidente Mauricio Macri de visita en Chubut para inaugurar el parque eólico más grande la Argentina que pertenece al grupo empresario llamado GENNEIA cuyos propietarios y principales accionistas son: Argentum Investments I LLC, Fintech Energy LLC, Jorge Pablo Brito, Jorge Horacio Brito, Delfín Ezequiel Carballo y Prado Largo S.A.

Jorge Horacio Brito, un empresario socio del poder que nunca pierde, a quien la agencia Bloomberg en 2016 destacó como “el banquero argentino que se convirtió en billonario y debe agradecerle por ello al presidente Mauricio Macri”. Explicó que su fortuna personal superó los mil millones de dólares por ser dueño del 20 por ciento de las acciones de Macro, que subieron un 21 por ciento en los primeros 8 meses del año 2017.

Por otra parte, Jorge Brito, en Noviembre pasado envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) una carta solicitando licencia como presidente y director del Banco Macro. Argumentó que su alejamiento es “para preservar a la entidad de los ataques de los que está siendo objeto en el orden personal”. Lo hizo horas después de que el juez federal Ariel Lijo homologara el testimonio de Alejandro Vandenbroele como arrepentido en el caso Ciccone Calcográfica.

Parecería que el zorro pierde los pelos pero no las mañas, sostiene el dicho popular. ¿Será Brito un caso parecido al de Cristóbal Lopez, primero apoyado por el Gobierno Nacional con licitación adjudicadas y luego procesados y detenidos por corrupción?

Nuestra realidad es mucho más básica y la pregunta que nos seguimos haciendo es siempre la misma ¿a donde deberemos ir, que más deberemos hacer, los que navegamos por esta tierras, para encontrar lo mejor de nosotros? Mientras tanto, seguimos sin agua.

Sergio Cavicchioli